Marco Rubio ante el Senado: sus declaraciones sobre Venezuela no cuadran

Marco Rubio compareció este miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. «No hay una guerra contra Venezuela y no ocupamos el país. No hay tropas estadounidenses en el campo», afirmó el secretario de Estado, quien también se desempeña como asesor de seguridad nacional del presidente Trump.

El senador republicano Rand Paul, quien se define como «la persona más anti-guerra del Senado», expuso la contradicción: «Si un país extranjero bombardeara nuestros misiles de defensa aérea, capturara y se llevara a nuestro presidente y bloqueara nuestro país ¿se consideraría eso un acto de guerra?»

«Por supuesto que sería un acto de guerra», continuó Paul. «Yo votaría para declarar la guerra si alguien invadiera nuestro país y se llevara a nuestro presidente».

Rubio esquivó la pregunta. Argumentó que la operación del 3 de enero fue «de aplicación de la ley» y duró cuatro horas y media para capturar a alguien que Estados Unidos «no reconoce como jefe de Estado«, con una recompensa de 50 millones de dólares sobre su cabeza.

Ese día, el presidente venezolano Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores fueron secuestrados por tropas estadounidenses tras un bombardeo que dejó al menos cien personas asesinadas y más de 100 heridos, según el ministro Diosdado Cabello. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde se declararon inocentes de cargos de narcoterrorismo.

Paul cerró su intervención señalando: «Los argumentos unidireccionales, que no pueden aplicarse a uno mismo, que no son universalmente aplicables, son malos argumentos».

La contradicción de Rubio no terminó ahí. En sus declaraciones preparadas para el comité, advirtió que la administración usará la fuerza «para garantizar la máxima cooperación si otros métodos fallan».

Dos proyectos incompatibles

Mientras Rubio habla de supervisar una supuesta «transición de un Estado criminal a un socio responsable», el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, expuso desde el Palacio Federal las prioridades legislativas del país, entre las principales: el fortalecimiento del Poder Popular como eje fundamental del Estado.

Son dos proyectos que no pueden coexistir. Uno –Imperialista– imagina tutelar desde el exterior. El otro –Bolivariano – profundiza la participación ciudadana en las decisiones nacionales. La diferencia es de principios: quién es el que decide el destino del país.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez trazó esa línea cuando respondió a declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, que calificó como «poco pertinentes y ofensivas». «El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo. El pueblo de Venezuela tiene gobierno y este gobierno obedece al pueblo», expresó ante autoridades del sector energético, legisladores y empresarios nacionales y extranjeros.

Fondos desbloqueados para inversión social

Venezuela responde con hechos. Rodríguez anunció el desbloqueo de recursos del Estado que serán reinvertidos en protección social. «Estamos desbloqueando recursos para invertir en equipamiento importante para hospitales, para el área de la electricidad y la industria gasífera«, precisó.

El gobierno creó dos fondos soberanos: uno destinado a necesidades sociales y otro a servicios públicos e infraestructura. Estos recursos estuvieron bloqueados durante años por sanciones unilaterales. Ahora serán canalizados hacia hospitales, red eléctrica e industria gasífera nacional.

Venezuela ratificó su disposición al diálogo sobre la base del respeto mutuo y la no injerencia. Rodríguez insistió en que cualquier acuerdo debe reconocer la autodeterminación del pueblo venezolano y respetar sus instituciones democráticas.

Los fondos soberanos permiten al gobierno atender prioridades nacionales sin subordinar su política interna a condicionamientos externos. Caracas desbloquea recursos, invierte en salud y servicios públicos, fortalece el Poder Popular y reafirma que las decisiones sobre el futuro del país las toma su propio pueblo.