EE.UU. quiere intensificar la aplicación de la ley migratoria

La administración de Trump planea desplegar cientos de agentes federales adicionales para intensificar los arrestos de inmigrantes indocumentados esta misma semana, según dos fuentes familiarizadas con la planificación, incluyendo la asignación de agentes de la Patrulla Fronteriza para desplegarlos por todo el país.

La medida, que también se espera que incluya la ayuda de unidades estatales de la Guardia Nacional, se produce en un momento en que el Departamento de Justicia también intensifica su ofensiva contra los delitos relacionados con la inmigración en ciudades de todo el país. Esta es la más reciente escalada en la labor de la administración por superar la escasez de recursos y personal para cumplir la promesa de campaña del presidente Donald Trump de deportaciones masivas.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), generalmente encargados del arresto y la detención de inmigrantes indocumentados en EE.UU., han estado bajo una enorme presión para obtener resultados, pero se han enfrentado a muchos de los mismos problemas logísticos que han afectado a administraciones anteriores.

El subsecretario para políticas de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha descrito anteriormente las cuotas en las oficinas de campo de ICE como un “límite mínimo, no máximo”. Pero para lograrlo, los funcionarios de Trump han tenido que buscar ayuda en todo el gobierno federal.

Se espera que este esfuerzo incluya ahora a agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., quienes tienen la autoridad para aplicar las leyes migratorias en todo el país.La participación de la Patrulla Fronteriza demuestra la confianza de la Casa Blanca en la situación en la frontera sur de EE.UU., donde los cruces de migrantes se han desplomado, liberando recursos.

Además de estar estacionados en las fronteras de EE.UU., los agentes de la Patrulla Fronteriza también están estacionados en varias ciudades del país. Su misión principal es la seguridad fronteriza. El despliegue de agentes adicionales en el interior de Estados Unidos marca una intensificación de la aplicación de las leyes en el interior, que tradicionalmente ha sido responsabilidad del ICE.

También se espera que los agentes reciban ayuda de las unidades de la Guardia Nacional en los estados donde los gobernadores han otorgado permisos. Si bien no pueden realizar arrestos, se espera que refuercen los equipos de arrestos en el terreno y brinden lo que se conoce como “protección de la fuerza”, según una de las fuentes.

CNN contactó al Departamento de Seguridad Nacional para obtener comentarios.

Se espera que algunos estados deleguen a su Guardia Nacional bajo las autoridades correspondientes para que sirva como multiplicador de fuerza, según un funcionario de defensa, quien sostuvo que se espera que permanezcan en un estatus de apoyo. Se desconoce cuántos miembros de la Guardia Nacional estarán vinculados a las órdenes estatales, según el funcionario.

A principios de este año, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.(CBP, en inglés) y la Guardia Nacional de Texas firmaron un memorando de entendimiento para otorgar a cierto personal de la Guardia de Texas autoridad migratoria bajo la supervisión de funcionarios de la CBP.

“La colaboración con gobernadores estatales comprometidos es vital para dicho compromiso, especialmente en un estado como Texas, que ha enfrentado desafíos migratorios sin precedentes en los últimos años, agotando los recursos de las fuerzas del orden y aumentando las amenazas a la seguridad en la frontera”, declaró un portavoz de la CBP en el momento del anuncio, refiriéndose a un enfoque de todo el gobierno para la aplicación de las leyes migratorias.

El Gobierno también ha enfatizado que busca la ayuda de los estados en sus esfuerzos por arrestar y detener a inmigrantes indocumentados. A principios de este año, el entonces secretario interino de Seguridad Nacional publicó un memorando, con base en los decretos de Trump orientadas a la invasión, que constató una “afluencia masiva” de migrantes para activar nuevas autoridades estatales encargadas de la aplicación de las leyes migratorias.

La administración ya ha movilizado a varios sectores del gobierno federal para arrestar y detener a inmigrantes indocumentados, pero persisten los desafíos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por ejemplo, actualmente cuenta con fondos para unas 40.000 camas de detención y cuenta con unos 6.000 agentes de inmigración.

El Departamento de Justicia intensifica la represión contra los delitos relacionados con la inmigración

Los funcionarios de la Casa Blanca también han presionado a los líderes del Departamento de Justicia para que intensifiquen su lucha contra la inmigración ilegal, según declaró a CNN una persona familiarizada con el asunto.

Para ello, el Departamento de Justicia ordenó a los agentes federales en más de dos docenas de ciudades que dejen de lado algunas de sus investigaciones actuales y enfoquen sus esfuerzos en la búsqueda y el arresto de inmigrantes indocumentados.

El departamento seleccionó 25 ciudades en las que centrar sus labores, comenzando con el envío de un gran número de agentes federales del FBI, la ATF, la DEA y el Servicio de Alguaciles de EE.UU. para ayudar en la aplicación de las leyes de inmigración. Se espera que los agentes del FBI representen aproximadamente el 45 % del aumento de la labor federal, según la fuente.

El New York Times fue el primero en informar sobre el nuevo aumento de personal del departamento en varias ciudades.

Algunos agentes del FBI que trabajan en zonas que la administración de Trump considera focos de delitos relacionados con la inmigración podrían estar dedicando hasta un tercio de su tiempo a las labores de inmigración, según informaron a CNN otras dos personas familiarizadas con el proyecto. Ese porcentaje podría ser mucho menor en zonas del país donde los delitos relacionados con la inmigración son menos comunes.

La medida plantea interrogantes sobre cómo el Departamento de Justicia utilizará sus recursos para abordar otros delitos federales, y ocurre en un momento en que el departamento continúa sus labores para alejarse de los procesos judiciales por delitos de cuello blanco, incluyendo los casos de soborno internacional.

En un discurso pronunciado el lunes, Matthew Galeotti, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia, anunció nuevas directrices que refuerzan la promesa de la secretaria de Justicia Pam Bondi de desviar los recursos del departamento del procesamiento de empresas estadounidenses hacia el procesamiento de “los facilitadores de cárteles y otros facilitadores financieros del crimen transnacional”.